Firmas peruanas miran a Chile: buscan asesoría para prevenir delitos en empresas

[:es]Fuente: El Pulso

El 1 de enero de 2018 entra en vigencia en Perú la ley que regula la responsabilidad administrativa de las empresas que permitirá sancionar por cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo a las compañías que cometan esos delitos. Si bien la discusión de la normativa lleva años, el caso Odebrecht la reimpulsó. Dado ello, las firmas están buscando en Chile la asesoría necesaria para poder blindarse ante una regulación que las podría llevar incluso a su disolución.

El caso Odebrecht es, sin duda, el más grande, pero probablemente no es el único. Por eso tenemos que actuar de manera implacable e inmediata en todos los niveles para frenar la podredumbre de la corrupción”. El mensaje fue directo y claro. Aún más, algunos medios lo calificaron como el más fuerte que haya dado un presidente latinoamericano contra la corrupción. El pasado 7 de enero, el mandatario peruano, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), golpeó la mesa. Se dirigió al país y apuntó directo a los funcionarios y empresas involucradas en escándalos. Es que la revelación en diciembre de 2016 de los más de US$29 millones en sobornos que había pagado la constructora brasileña sólo en Perú -entre 2005 y 2014- calaron hondo.

En ese escenario, la administración anunció una serie de decretos para ampliar la responsabilidad administrativa de las empresas. Si bien, desde 2014 -con miras a ingresar a la OCDE- se había empezado a discutir en el país una normativa que hiciera responsable de delitos directamente a las personas jurídicas, ésta -que fue aprobada en abril de 2016- hacia alusión sólo al cohecho internacional, dado que la OCDE exigía justamente que los países miembros sancionaran a las empresas que sobornaban a funcionarios públicos en el exterior. Ahora, sin embargo, dado los numerosos escándalos de corrupción a nivel regional, tal normativa no era suficiente. PPK informó una ampliación de delitos. Sumó el cohechó a nivel general, lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Y, además, puso fecha: la nueva legislación partiría el 1 de enero de 2018. Y la máquina comenzó a moverse; movimiento que cruzó sus fronteras.

Desde 2009 Chile tiene una normativa similar; bajo ella se ha condenado a varias empresas, tales como Ceresita, Salmones Colbún, además de formalizar a Penta y Corpesca. Dado eso, no era de extrañar que los peruanos tocaran la puerta por este lado. Es que hoy son varias las compañías peruanas que están contactando a abogados chilenos para entender la problemática y generar modelos que les permitan prevenir los delitos, considerando que en Perú tener un certificado y modelo opera como eximente a la hora de enfrentar un proceso judicial. “La preocupación que hemos visto por parte de empresas peruanas está en el cómo diseñar e implementar modelos de prevención de delitos. Partir desde cero, tal como lo hizo Chile, no es fácil”, señala el director de Riesgo Regulatorio y Gobiernos Corporativos de Deloitte, Felipe Divin.

En 2014, la directora ejecutiva de BH Compliance, Susana Sierra -que ha certificado a decenas de empresas chilenas-, expuso en el Congreso peruano acerca de la experiencia chilena. Los socios de BCP Balmaceda y Cox Abogados, Matías Balmaceda y Francisco Cox -con una vasta experiencia en la materia, trabajando con más de 60 empresas-, hicieron lo mismo en varias instancias paralelas, incluso cerraron ese año una alianza con uno de los principales estudios de abogados de Perú, Loli & García Cavero Abogados, hoy parte del estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas. BH concretó también una alianza hace un mes con García Sayán Abogados. En 2014, eso sí, el tema no era relevante; las compañías lo veían lejano; a ellas no les pasaría.

Sin embargo, con el caso Odebrecht -a fines de 2016- todo cambió. “Si bien Perú tenía muchos casos de corrupción, con Odebrecht era primera vez que ocurría un caso con una empresa de esa envergadura, y que era un par, lo que cambió la mirada”, explica Sierra. Cox, precisa, que el alza en la preocupación “fue una mezcla entre Odebrecht y PPK, que impulsó las medidas anticorrupción, y se puso la fecha del 1 de enero, lo que hizo que hubiese más actividad”. Para Sierra, Odebrecht fue un símil a La Polar en cuanto al efecto. “La ley chilena partió en 2009 y tuvo muy poco movimiento hasta que estalló La Polar en 2011, con Odebrecht fue lo mismo”.

Desde ahí en adelante, los teléfonos han sonado de manera bastante más permanente. “Hemos sido contactados por empresas peruanas y por la Oficina de Deloitte en Perú, las cuales buscan replicar la experiencia vivida en Chile desde la dictación de la Ley 20.393 en el 2009”, explica Divin.

Sierra ya hizo un piloto con tres empresas peruanas que son las que hoy están certificadas: SSK -filial de Sigdo Koppers-, Indumotora y el Banco de Crédito del Perú (BCP). “Antes yo iba a las empresas, y hoy es al revés, hoy nos llaman, nos piden reuniones y tengo la agenda copada en un instante”, dice. Balmaceda explica, en tanto, que ya han trabajado en dos o tres propuestas concretas. “Las empresas saben que algo va a ocurrir en enero”, destaca. Cox subraya, además, que varios de sus clientes los han contactado, porque tienen operaciones afuera y más allá de que en Perú se dicte una normativa, está el cohecho internacional (activo transnacional), que si lo ejercen personas vinculadas con la matriz, puede llegar hasta Chile. “Eso nos abrió las puertas respecto a que esto no es algo local, que hay que hacer cosas fuera”, explica.

Hoy, las empresas peruanas se están preocupando de ordenar la casa, redactar sus procedimientos y empezar así a preparase.

Las dudas tras el eximente

En Chile, tener un modelo de prevención de delitos y un certificado que lo respalde no es un eximente a la hora de enfrentar un proceso. Tal es así, que Corpesca fue formalizada teniendo un modelo. En el caso peruano es distinto. El interés por tener una certificación es mayor, porque sí libera de la condena; medida que es cuestionada por los penalistas locales. “Se puede generar un incentivo perverso a que las empresas tengan certificados y modelos de papel”, dice Balmaceda. “Esto incentiva a las firmas a tener modelos guardados en el cajón”, añade Sierra.

Según explican en Deloitte, de todas formas se exige para formalizar la investigación que la Superintendencia de Mercado de Valores emita un informe técnico que se pronuncie acerca de la implementación y funcionamiento del modelo de prevención. De hecho, Cox subraya que sin perjuicio de que te digan que el certificado puede ser una forma de exclusión, los fiscales van a ir finalmente a verificar si son reales o no, tal como ocurre en Chile.

Más allá de ello, las opiniones concuerdan en un punto: las empresas y los directorios están teniendo más conciencia. La corrupción ya no es lejana, le puede pasar a cualquier compañía más allá de que se sienta inmune. Y si bien falta por avanzar -los expertos estiman que se requiere un mayor cambio cultural donde el encargado de Prevención esté a la altura del directorio- la máquina ya comenzó y está claro que no se detendrá.

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