Matías Balmaceda y Juan Ignacio Piña: “La ley quiere que se genere el estigma de trabajar con empresas corruptas”

[:es]Oficina, elegida como la mejor en Compliance por Chambers & Partners, asesora en la aplicación de la Ley 20.393, que castiga penalmente a las corporaciones.

Su oficina fue electa como la número uno en Compliance junto a Deloitte & Touche, en el ranking Chambers & Partners. El estudio Balmaceda Cox & Piña lo integran tres socios de distinto perfil —Matías Balmaceda (B), penalista; Francisco Cox (C), litigante internacional (que no participó de la entrevista por estar de viaje), y Juan Ignacio Piña (P), académico y ex presidente del Consejo de Defensa del Estado—, que se reparten todo lo que ganan en partes iguales.

Dedicarse al Compliance significa asesorar principalmente a empresas en la aplicación de la Ley 20.393. Vigente desde 2009, creó —por exigencia de la OCDE— la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, cohecho o soborno, financiamiento al terrorismo y receptación.

Su oficina suma cien clientes en Chile. Y extendió sus servicios a Perú, donde una legislación muy similar a la chilena iniciará su vigencia en enero de 2018.

—¿Cuál es el primer consejo que le dan a una empresa?
—B: Lo primero es sentarte y hacer un gran número de entrevistas que permitan saber si el levantamiento de riesgos es correcto. Ya tenemos cierto olfato que permite entender dónde están alojados los riesgos. No hacemos copy/paste de las políticas que debe aplicar cada empresa, para que, cuando tengan que pasar por una investigación penal, puedan ser eximidas.

—¿Contar con un modelo de prevención de riesgo exime de responsabilidad?
—P: La ley dice que si la empresa tiene un modelo de prevención del delito bien diseñado e implementado eficazmente, será eximida de responsabilidad. El fiscal va a estimar que cumplió con los deberes de supervigilancia. Puede que empleados, administradores, representantes o controladores hayan cometido un delito, pero la empresa no. Es una manera de quedar indemne ante esta responsabilidad.

—¿Qué sanciones arriesga?
—B: Cuatro: multa, imposibilidad de hacer contratos con el Estado, pérdida de subsidios por parte del Estado y la disolución de la empresa.

—En su página a inversionistas, SQM afirma contar con un modelo que cumple la Ley 20.393. ¿Cómo se entiende que vaya a ser formalizada por soborno?
—B: Si tienen un modelo, quiere decir que el fiscal cree que no estaba implementado adecuadamente. ¿Capacitaron al directorio, a los ejecutivos y al personal?

—¿Arriesga perder su contrato de arriendo con Corfo por el Salar de Atacama?
—B: Sí. Por algo está buscando una salida alternativa para evitar una sanción, pagando una cantidad de dinero y aceptando publicar el acuerdo con la fiscalía en un diario de circulación nacional.

—Ceresita, Áridos Maggi, Constructora Pehuenche y Salmones Colbún, acusadas de soborno, tuvieron salidas alternativas o juicios abreviados.
—P: Porque todas asumieron su responsabilidad. Más allá de la sanción penal, la ley tiene como objetivo una sanción reputacional y la condena puede incluir publicar la sanción en un diario de circulación nacional. La ley quiere que se genere el estigma de trabajar con empresas corruptas.
—B: El proceso de aplicar un modelo dura entre cuatro meses y un año. Quien debe monitorear su cumplimiento es el encargado de prevención, que es nombrado y depende del directorio.

Fuente: La Segunda[:]

Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *