El ISO Anti Coima

Fuente: Revista Caretas

El que no pasa, quiebra. Modelo de prevención empresarial contra el soborno ya es certificado en el Perú.

 

Según Transparencia Internacional, el Perú es el tercer país de América Latina con índice más alto de corrupción. En números de la Contraloría General de la República, el impacto anual de la corrupción en el país es de S/ 12,600 millones.

En medio del interminable proceso Lava Jato, con tres expresidentes investigados y el que está en funciones en la picota, empresas privadas y entidades públicas ya pueden certificar que cumplen con una norma ISO (Organización Internacional de Estandarización, por sus siglas en inglés) que previene el pago de coimas. Se trata del ISO 37001.

BASC Perú es el primer certificador de la región que ofrece esta norma. Se trata del capítulo local de la Business Alliance for Secure Commerce, entidad sin ánimo de lucro que agrupa a gremios como ADEX, la Cámara de Comercio de Lima, Comex, la Sociedad Nacional de Industrias y la Sociedad Nacional de Pesquería. BASC ya tiene 850 empresas en el Perú certificadas con distintas normas ISO.

La norma antisoborno se engancha con la ley 30424, en vigencia desde julio de 2017, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional tipificado en el Código Penal, e incorpora modelos de prevención antisoborno, debidamente registrados y acreditados.

Es decir, para empezar por allí resbalan las consorciadas con Odebrecht y el “Club de la Construcción”. La ley determina que, de descubrirse un caso de coimas, la persona jurídica se libra de responsabilidad administrativa si es que implementa su esquema de prevención.

“Es un gran atenuante ante el Poder Judicial”, explica Patricia Siles, presidenta del Consejo Directivo de BASC Perú. “Y si no lo tienes es todo lo contrario, un gran agravante”.

Siles considera que el caso Lava Jato “es la punta del iceberg que nos tiene en esta crisis política. Odebrecht y las brasileñas incursionaron en países en los que no lograron su cometido porque la ciudadanía tenía otro tipo de educación y parámetros para conducirse en la vida pública. Esta es la mejor herramienta para contrarrestar el avance de la corrupción”.

Los primeros certificados en el Perú son Talma por el sector privado, que opera 20 aeropuertos en el país, y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) por el lado público.

“Es muy importante que el Estado dé el ejemplo”, dice Siles. El gerente general de BASC Perú, César Venegas, añade que “está en cola la Autoridad Portuaria Nacional. Ahora vienen las elecciones. Imagínate que los partidos se presenten con esta certificación. El 92% de gobiernos tiene juicios por corrupción. Es la mejor forma de curarse en salud”.

Venegas explica que luego de la visita inicial y la auditoría “de papel”, los auditores verifican los procesos de gestión de riesgos. Al año se hace la auditoría de seguimiento y al tercero, otra integral. Se busca poner candados en todos los puntos vulnerables”.

¿Qué pasa con un sector tan afectado como el de la construcción? Siles considera que “una buena estrategia es empezar a través de sus gremios. La Confiep ha solicitado a todos sus afiliados firmar acuerdos anticorrupción. A partir de ahí van decantando en las mismas empresas”.

Pero advierte que “siempre aparece en el mercado gente que te dice te voy a certificar, y ellos mismos no están certificados”.

 

Compliance Crítico

La prevención de delitos corporativos ante tribunales.

Augusto Loli, socio de Rebaza, Alcazar & De Las Casas -bufet de abogados que desde enero de 2018 tienen una alianza con el estudio chileno Balmaceda, Cox y Piña- rescata que en la propuesta del Ejecutivo (PL N° 2408) para reemplazar el Decreto de Urgencia 003, se introduce un punto poco discutido en el debate político: el compliance. Este mecanismo de prevención de delitos corporativos también está establecido en el Decreto Legislativo 1352 que entró en vigencia el 1 de enero.

“Son programas internos para prevenir comportamientos ilegales en la actividad empresarial”, resume. “Todos los países que desean ingresar a la OCDE tienen que incorporar estos modelos. Algunos lo aplican de manera administrativa, como Colombia y Brasil. Otros la regulan penalmente, como nuestro caso, Chile y Argentina, donde la sanción la impone el juez”.

La responsabilidad de la empresa es autónoma y no depende de la condena que pueda imponerse sobre la persona natural. Pero “la norma señala que si la persona jurídica aplicó el compliance con anterioridad al hecho delictivo, estará exenta de responsabilidad. Este es un gran incentivo para que las empresas adopten estos programas. Obviamente la empresa deberá demostrar que trabajó en la identificación de los riesgos de comisión delictivas y estableció controles adecuados. No se trata de elaborar el modelo y guardarlo en una gaveta”.

Si bien el DL 1352 detalla que la Superintendencia del Mercado de Valores es la llamada a evaluar el modelo de compliance, el Ejecutivo aún no emite el reglamento. “Solo cuando estemos frente al supuesto concreto de atribución de delito a la persona jurídica, es que el fiscal le pedirá a la SMV que evalúe si el mecanismo era adecuado o no”, advierte Loli. “Esperemos que para ese momento el reglamento haya sido emitido”.