Sociedades bajo la lupa

Fuente: Revista Aptitus de Diario Gestión
Por Matías Balmaceda Mahns
Socio Balmaceda, Cox y Piña Abogados
Top Professional in Compliance, Chambers and Partners Latinamerica 2018

 

El 1 de enero de 2018 comenzó a regir en Perú la ley 30.424 que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas -es decir de las empresas, fundaciones y corporaciones- por el delito de cohecho activo transnacional cometido a su nombre o por cuenta de ellas, que produzcan un beneficio directo o indirecto a la organización. Esta normativa, busca cumplir con algunas exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para que Perú pudiera ser parte de sus filas.

 

Como toda ley, la 30.424 tiene aparejadas sanciones, que en este caso van desde una multa que puede llegar a las 10.000 UIT, suspensión de actividades de hasta dos años; prohibición de desarrollar ciertas actividades de forma temporal o definitiva; inhabilitación para contratar con el Estado; cancelación de autorizaciones administrativas o municipales; clausuras temporales o definitivas e intervención de la persona jurídica. Y la más radical e irreversible de todas: la disolución de la empresa.

 

Compliance Criminal: Una nueva herramienta

 

En algunos de los países donde se aplica esta normativa -como en el Perú- la misma ley establece una forma de que las personas jurídicas puedan eximirse de responsabilidad administrativa dentro de la misma organización. Ésta consiste en que las sociedades implementen con anterioridad un modelo de prevención del delito, es decir organicen su actividad corporativa adecuadamente y de este modo cumplan con los deberes de supervigilancia y dirección de sus empleados y colaboradores. Esta es una nueva y fundamental herramienta para las empresas que operan en el Perú y que se conoce internacionalmente como compliance criminal y que en Chile se implementa desde hace casi una década, siendo pionero en Latinoamérica.

El compliance criminal consiste en un conjunto de medidas de vigilancia y control adoptadas por la organización que permiten elevar sus estándares éticos y prevenir la comisión de los delitos descritos, es decir, ofrece beneficios inmediatos.

 

¿ Quién regula el compliance criminal?

 

A la ley no le basta con las buenas intenciones de las empresas que implementan el modelo: las empresas privadas y públicas deberán designar a un encargado del sistema de prevención de delitos con independencia funcional y recursos propios, hacer un análisis de riesgos de infracción penal, tomar medidas para gestionar estos riesgos y establecer mecanismos de detección de las irregularidades. Y aunque la responsabilidad de supervisar el modelo de prevención se entrega principalmente a la propia corporación- a través de su alta administración y el encargado de prevención de delitos-  en el caso de que la persona jurídica enfrente una causa penal, la fiscalía necesitará contar con un informe técnico de la SMV que analice la implementación y funcionamiento del modelo para formalizar la investigación preparatoria.

Imagen Revista Aptitus de Diario Gestión

La experiencia chilena

 

La experiencia ya permite anticipar el probable curso de los acontecimientos en este ámbito. Es poco probable que los organismos encargados de la persecución penal se contenten con la existencia meramente formal de los sistemas de prevención. En Chile, el Ministerio Público hizo saber ya en los albores de la implementación de esta legislación que revisaría consuensudamente el adecuado diseño de dichos modelos y su implementación efectiva para eximir de responsabilidad a las empresas. Esto implicó que aquellas que querían contar con un modelo eficaz debiesen partir por realizar una exhaustiva gestión de riesgos, es decir, identificar, cuantificar y luego valorar el eventual impacto que podían tener los riesgos insertos en su actividad corporativa. Solo tras un proceso como este es posible diseñar un modelo de prvención a cada una de las empresas. Si una cosa aprendimos fue que los modelos de papel o copiados de una empresa a otras eran perfectamente inútiles.

De hecho empresas pertenecientes a muy relevantes grupos empresariales fueron formalizadas incluso contando con modelos de prevención implementados. Tal es el caso de Soquimich, que fue formalizada por la comisión de un eventual cohecho a funcionarios públicos.

Es evidente que la implemnetación de estos modelos implican ciertos costos que las compañían no tenían considerados. Sin embargo, la experiencia comparada muestra, por una parte que estos sistemas de prevencion han llegado para quedarse tanto en Europa, Estados Unidos y ahora en Latinoamérica. Por otro parte, los beneficios en el largo plazo que acarrea para las corporaciones que modifican su operación adecuándolos a los estándares que se reconocen a los buenos ciudadanos corporativos ( good corporate citizens), resultan incoparables respecto a los costos iniciales.

 

Alianza Chile – Perú

 

El pasado 15 de enero, Balmaceda, Cox y Piña Abogados-que fue distinguido como el mejor estudio jurídico de este país según el ranking internacional Chambers and Partners Latinamerica 2018- firmó una asociación con su par limeño Rebaza, Alcazar y De Las Casas, con el fin de prestar los servicios respectivos al diseño e implementación de los sistemas de prevención de delito, así como también de acompañamiento en la actividad corporativa para minimizar los riesgos de comisión de éstos.

En casi 10 años, Balmaceda, Cox y Piña han implementado estos sistemas de prevención en más de 100 empresas y junto con Rebaza, Alcazar y De Las Casas, trabajamos actualmente en seis importantes compañías peruanas. Una realidad que muestra que a menos de 60 días de la entrada en vigencia de la ley, las corporaciones peruanas ya han mostrado un cambio de mentalidad y no sólo se han dado cuenta de la importancia de este asunto, sino que también se han puesto a trabajar.