COMPLIANCE CRIMINAL

 

Una de las más notorias características del derecho penal contemporáneo en el ámbito empresarial es su progresiva expansión, expresada en el aumento de los criterios de imputación en distintos niveles directivos de responsabilidad al interior de la empresa, y en el directo establecimiento de responsabilidad penal para las propias personas jurídicas. Esta nueva realidad fuerza a las empresas a adecuar su estructura organizacional y cultura corporativa a fin de demostrarse interesadas en comportarse como “buenos ciudadanos corporativos” y evitar las graves consecuencias económicas y de imagen derivadas del enfrentamiento de acusaciones penales.

 

Las empresas pueden hacerse de mecanismos de prevención de la responsabilidad penal, tanto propia como la de sus colaboradores, a través de los llamados sistemas de “compliance criminal”, en que la empresa se organiza y orienta a su personal para impedir que se cometan delitos.


En este contexto se inserta la dictación en diciembre de 2009 de la ley N° 20.393, que establece por primera en Chile la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho. Se trata de una responsabilidad directa de la empresa, cualquiera sea su giro y naturaleza, derivada de su deficiente organización y funcionamiento que no previó ni impidió la comisión de delitos en su interior. La ley, independiente de las responsabilidades penales personales, contempla para la empresa sanciones que van desde fuertes multas hasta su total disolución.


No obstante, en un fin propiciatorio de la prevención del delito, se consagra un régimen de exclusión de responsabilidad para quienes adopten e implementen modelos efectivos de organización, administración y supervisión tendientes a prevenir la comisión de delitos por parte del personal o en interés de la empresa, esto es, un sistema de “compliance criminal”.


BCP ABOGADOS ofrece una asesoría estratégica, personalizada y con amplia experiencia en materias penales para enfrentar estos nuevos desafíos, asistiendo a las empresas en el proceso de establecimiento de un modelo de prevención acorde a su realidad y acompañando el eventual proceso de certificación de idoneidad de dicho modelo. Para ello cuenta con profesionales de dilatada trayectoria profesional y académica, vinculados desde distintos ámbitos a la investigación de casos de complejidad en materia penal económica.