En condiciones de ser promulgada como ley quedó el proyecto que mejora la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regula el destino de los bienes incautados en esos delitos y permite contar con más y mejores herramientas para neutralizar las bandas, eliminando sus fuentes de ingresos.
La iniciativa considera la incorporación de las automotoras como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de lavado de activos ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF). A esta actividad se suman las empresas de arriendo de vehículos; personas que se dediquen a la fabricación o venta de armas; clubes de tiro, caza y pesca; personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compraventa de equinos de raza pura; comerciantes de metales preciosos; y comerciantes de joyas y piedras preciosas.
Estas nuevas actividades -que se calcula involucran a unas 39.000 personas naturales y jurídicas- se sumarán a las 40 que ya reportan obligatoriamente a la UAF operaciones sospechosas, como operaciones en efectivo sobre US$ 10.000. El Registro de Entidades Reportantes subirá desde unos 8.300 a más de 47.300 inscritos y habilitados para reportar.
Consultado por Diario Financiero, nuestro socio Matías Balmaceda, indicó que la ley plantea desafíos para los nuevos sujetos obligados, pues deben implementar un sistema de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, dado que el proceso involucra el «costo reputacional con que se castiga hoy a las empresas que se ven involucradas en este tipo de actividades ilícitas, arriesgando en definitiva su sustentabilidad».
