Q&A

¿Cuáles son las sanciones legales y económicas asociadas a la ley 20. 393?

En Chile la ley considera penas únicas o conjuntas de: disolución o cancelación de la personalidad jurídica; prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado; pérdida parcial o total de beneficios fiscales o prohibición absoluta de recepción de los mismos por un período determinado; y multas de hasta 300.000 unidades tributarias mensuales

¿ Qué beneficios obtienen las empresas al implementar un modelo de prevención de delitos?

El beneficio más inmediato es evitar las sanciones y la exposición mediática que acarrea la comisión de un delito que conlleve responsabilidad para la empresa. Pero, adicionalmente, por esta vía las empresas desarrollan y/o fortalecen su cultura corporativa; entregan a sus colaboradores un ambiente laboral más seguro al garantizar que no enfrentarán el dilema de incurrir en conductas ilícitas; y frente a la sociedad pueden exhibirse como buenos ciudadanos corporativos, todo lo cual es valorado positivamente por los mercados, en el ámbito nacional e internacional

¿Quién o qué entes reguladores supervisa(n) el cumplimiento?

En nuestro país, la responsabilidad de supervisar el modelo de prevención se entrega principalmente a la propia persona jurídica, a través de su alta administración y el encargado de prevención de delitos. La ley incorpora un sistema de certificación opcional sobre la adecuada adopción e implementación del modelo de prevención a través de entidades de giro único registradas ante la Comisión para el Mercado Financiero, lo que fortalece la respetabilidad del modelo a través de un examen independiente de expertos.

¿Cuántas empresas chilenas ya tienen el programa instaurado?

Se desconoce el universo total, pero, al menos, todas las empresas que cotizan en el IPSA tienen modelos de prevención de delitos. La adscripción de las empresas chilenas a la ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas ha sido gradual pero sostenida a través de sus ya casi 10 años de vigencia, lo cual ha permitido a los modelos ganar en profundidad al aplicarse en los más diversos ámbitos económicos, para personas jurídicas con y sin fines de lucro, empresas públicas y privadas, grandes y pequeñas.
Con los años BCP se ha consolidado como una firma especializada en litigación, diversificándose a otras áreas del derecho.