Seis fueron los puntos que el Presidente Gabriel Boric vetó a la esperada ley contra los delitos económicos y medioambientales, despachada hace un mes por el Congreso. La intervención del Ejecutivo, explicaron, fue para añadir precisiones y correcciones, a fin de evitar «malas interpretaciones» en su aplicación.
Nuestro socio Juan Ignacio Piña, en declaraciones entregadas al Diario Financiero, sostuvo que el veto presentado por el gobierno está referido a ajustes menores y no altera ni la vocación del proyecto, ni su estructura general. “Aunque no es muy común que ocurra a través de un veto, en proyectos de ley de largo aliento es mejor subsanar cualquier defecto que se avizore y que pueda generar problemas hacia el futuro”, indicó.
