El pasado martes se iniciaron los alegatos de apertura en el juicio oral del denominado Caso Bombas II, en que se acusa a Francisco Solar y Mónica Caballero por la colocación de artefactos explosivos entre 2019 y 2020. En este proceso, la Municipalidad de Vitacura se hizo parte querellante invocando la Ley Antiterrorista. Al ser consultado, nuestro socio Matías Balmaceda explicó que en este caso los acusados pusieron los artefactos en un lugar de acceso público. “Lo más fácil hubiera sido adherirse al Ministerio Público y perseguir la infracción a la Ley de Control de Armas, que es un delito que está bastante acreditado (…) Pero quisimos hacer el trabajo difícil, que es poder trabajar con la evidencia que habíamos recogido. Por eso creemos que sí daba para poder configurar ese aspecto subjetivo especial que requiere el delito terrorista que se llama la capacidad de idoneidad de poder causar temor en la población“, indicó.
