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El 27 de septiembre de 2022 entró en vigencia la Ley N°21.488 que tipifica el delito de sustracción de madera. En una alerta legal preparada por BCP Abogados, advertimos que si bien se incorporaron estos nuevos delitos a la Ley 20.393, el legislador no hizo alusión a las penas aplicables a las personas jurídicas. Consultado al respecto …

Prensa | Consultado al respecto por El Mercurio Legal, nuestro director de Compliance, Iván Millán destaca que si bien las personas jurídicas podrían ser acusadas «no habría pena alguna para imponerles, por lo que los nuevos delitos no tienen aplicación alguna para las empresas».   Leer más »

El encuentro realizado el día martes 30 de agosto convocó a socios de estudios destacados en la última edición del ranking legal Chambers and Partners.  Nuestro socio Matías Balmaceda fue consultado acerca de las nuevas normativas de cumplimiento para las empresas, señaló: «La clave hoy en día de lo que es compliance es entender cómo …

Prensa | Nuestro socio Matías Balmaceda participó en el Conversatorio «Nuevas Áreas del Derecho en Chile» organizado por La Tercera y Pulso Leer más »

Durante 2021 las empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria (23%) y las administradoras de fondos de inversión (18%) reunieron la mayor cantidad de sanciones aplicadas por la UAF.

En su columna en El Mercurio Legal nuestra asociada Fernanda Montes Krausse aborda las áreas grises relativas a la procedencia y dictación de medidas precautorias en materia penal y explica en qué consiste el «fórum shopping», advirtiendo que en ocasiones los demandantes optan por disfrazarse de querellantes, instrumentalizando de esta forma el procedimiento penal.

Nuestro socio Juan Ignacio Piña fue consultado por Diario Financiero sobre la propuesta del director de la UAF que obligaría a abogados y contadores a reportar operaciones sospechosas.

Compartimos la columna de nuestro director de Compliance Iván Millán en la última edición de The Legal Industry Reviews, en que mediante una breve cronología se aborda la creciente importancia que el legislador ha asignado a la disciplina en materia de prevención de delitos, derecho del consumo, libre competencia y derechos humanos.